Un ambiente limpio y cuidado es necesario para que los humanos tengan buena calidad de vida. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos en pos de proteger la naturaleza, aún estamos muy lejos de convivir en ecosistemas libres de contaminación. Para que empresas, organizaciones y gobiernos comprendan su rol en la garantización de estos ambientes saludables, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a un medio ambiente limpio y saludable como un derecho humano universal.

La medida se aprobó con 161 votos a favor y ocho abstenciones (entre ellos China y Rusia). Esta novedad se fundamenta en que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional; que promocionarlo requiere la plena aplicación de acuerdos medioambientales multilaterales; y que todos los daños ambientales tienen implicaciones negativas “para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos”.

De esta manera, la ONU busca que los Estados miembros y empresas unan esfuerzos para luchar con el cambio climático y la contaminación.

Alcances

La pregunta lógica es “¿qué importancia tiene para los ciudadanos?”. Y lo cierto es que una medida de estas características pone sobre la mesa una problemática actual y permite cambiar el enfoque que hay sobre la cuestión ambiental: hay que proteger la naturaleza, pero no sólo para que no desaparezca, sino para que los humanos podamos vivir más y mejor. Además, esta noticia abre la puerta para que los habitantes puedan exigir una mejor calidad ambiental, y no sólo depender de la buena voluntad de los gobernantes.

“La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas”, dijo en un comunicado difundido António Guterres, secretario general de la organización.

David Boyd, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, aseguró que “las resoluciones de esta naturaleza pueden parecer abstractas, pero son un catalizador para la acción y empoderan a la sociedad civil para exigir responsabilidades a sus gobiernos de una manera que es muy poderosa”.

“Esta medida tiene como objetivo seguir incrementando la acción ambiental en un sentido amplio -dijo a LA GACETA el activista y consultor ambiental Mauricio García Villanueva-; celebro que se sigan firmando compromisos de este tipo, porque siguen manteniendo el tema en agenda y siguen logrando pequeños avances”.

¿Y en nuestro país?

“Esto sin duda va a reforzar la acción nacional por el medio ambiente”, resumió Florencia Sayago, directora provincial de Medio Ambiente, pero advierte: “Argentina ya tiene un ministerio de Ambiente; y somos parte de muchas convenciones internacionales. No es que vamos a empezar desde cero”.

Mauricio, en tanto, dice que la novedad no representa un cambio sustancial para el país, porque Argentina ya ha avanzado con anterioridad en este derecho. Desde la reforma constitucional de 1994, el articulo 41 destaca: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Pero, entonces, que ya tengamos el derecho garantizado en la constitución ¿nos hace estar más avanzados? ¿se están tomando medidas para que vivamos en un ambiente más saludable?. “En realidad, falta mucho por hacer. Hay dos cuestiones que son críticas hoy en función de un ambiente saludable: en primer lugar, hay un sesgo muy fuerte de legislar desde las organizaciones sociales o desde el ámbito académico, pero nunca se toma en cuenta a las empresas, nunca se los invita a la conversación -explicó el joven-; y los nuevos empresarios ya han comprendido que su rol ya no es sólo la de generar ingresos, sino el generar bienestar puertas afuera. Tenemos que empezar a profesionalizar la toma de decisiones, para que las medidas en pos del ambiente tengan una mirada más completa”.

El otro problema -dijo- es que en Argentina todavía falta evolucionar de un sistema capitalista a un sistema “capitalista de partes interesadas”, en el que las empresas presten real interés al bienestar de las poblaciones.